La crisis ha hecho que los detectives privados hayan cambiado los casos que tienen que investigar, siendo los delitos económicos o urbanísticos los que han crecido en los últimos tiempos. La situación económica ha hecho que la actividad de estos profesionales haya variado e incluso que hayan tenido que rebajar los precios en detrimentro de la calidad del servicio.
Esto ha ocasionado una pérdida de la calidad en los servidios, "algo indefendible desde un punto de vista profesional", apostilla Eva Grueso, presidenta de la Asociación profesional de detectives privados de España (APDPE).
Según las asociaciones, en España hay más de 2.700 detectives con licencia, pero ejerciendo se encuentran algo menos de la mitad, 1.295 en concreto, según los datos de la Dirección General de la Policía. Esto pone de manifiesto las bajas en la profesión, que ha hecho que muchos despachos hayan tenido que cerrar debido a que las compañías de seguros han recortado el presupuesto que destinaban a investigar y descubrir los fraudes.
La discrepancia entre lo enseñado por parte de la universidad y la realidad de la profesión hace que las bajas en el primer año de ejercicio sea del 80% aproximadamente. También desanima, coinciden las dos asociaciones, el intrusismo en la profesión, que no solo procede de guardias civiles y policías, sino, como dice la presidenta de la APDPE, de personas no habilitadas para ello y que, a sabiendas, son contratadas por los clientes, algunos de ellos entidades bancarias y financieras. En muchos casos, ni siquiera esas personas están dadas de alta en la Seguridad Social.
La demanda de los clientes ahora recaen sobre investigaciones de ámbito económico o de solvencia patrimonial, fraudes de IVA, delitos urbanísticos, competencia desleal, etc.
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20 minutos.
